Durante la sesión de este miércoles se aprobó casi un 70 por ciento de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en septiembre y que reemplazó el proyecto sancionado en 2009 por el Senado.
Uno de los aspectos principales fue asegurar que los servicios sanitarios rurales de agua potable y saneamiento sean prestados por organizaciones sin fines de lucro, con el fin de alejar la amenaza que se produce por la expansión de las empresas sanitarias privadas.
Un importante y expedito avance se dio este miércoles en las Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, al iniciarse la votación del proyecto que regula los servicios sanitarios rurales. La iniciativa, que fue ingresada por el primer gobierno de Michelle Bachelet ante el Senado en diciembre de 2008, pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados en octubre de 2009 luego de ser aprobada por los senadores.
Sin embargo, en la Cámara Baja estuvo seis años sin movimiento alguno. Fue en septiembre de este año que el Ejecutivo reemplazó lo acordado por el Senado mediante una indicación sustitutiva, que es la que se comenzó a votar este 16 de diciembre.
Es así que bajo la presidencia de la diputada Yasna Provoste (DC) se logró aprobar hasta el artículo 16, en gran medida estableciendo la forma de operación de las organizaciones de agua potable rural (APR). Uno de los más importantes fue el primero, que establece que estas son entidades sin fines de lucro.
Como una forma de apurar el tranco, Provoste acordó con los integrantes de la comisión sancionar todas las propuestas del gobierno que no tuvieran indicaciones por parte de los legisladores, quedando zanjado así cerca de un 70 % del proyecto. Es lo que se conoce como votación económica.
Asimismo, se aprobaron indicaciones presentadas por diputados que recogieron los planteamientos de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) y Chilesustentable. Entre ellas, que las organizaciones que presten los servicios sanitarios rurales serán sin fines de lucro.
“Lo que se quiere garantizar es que, por un lado, el derecho humano al agua potable que está garantizado se cumpla y que ambos servicios, tanto agua potable rural como saneamiento, sean provistos desde la lógica comunitaria y no desde la lógica empresas concesionarias” explicó en la ocasión la diputada DC.
Durante la sesión se retiró una indicación que calificaba de “indispensables” los “bienes inmuebles pertenecientes a las organizaciones comunitarias conformadas para acceder a los servicios de agua potable rural”.
Uno de los principales objetivos de la ley es blindar el área de operación de las APR, amenazadas por la expansión de las empresas sanitarias privadas.
